El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión del acuerdo pese a que el Gobierno incumplió por poco la meta fiscal de junio, fijada en 0,7% del Producto Interno Bruto (PBI). El desvío -en gran parte- se explicó por la postergación de la presentación de la declaración jurada de Ganancias. La señal del organismo funcionó como un "perdón" frente a ese incumplimiento, aunque dejó abierto el debate sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de superávit primario de 1,4% del PBI previsto para diciembre de 2026.
El comunicado difundido por el FMI sostuvo que la meta fiscal mantiene un lugar central dentro del programa. El organismo vinculó esa pauta con el objetivo de alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026 y un esfuerzo similar en 2027, según las previsiones que el Gobierno incorporó al presupuesto enviado al Congreso.
"El ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027", indicó el Fondo. También señaló que el presupuesto de 2027 reflejó esa orientación y proyectó un cuarto año consecutivo con superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global.
El organismo internacional afirmó que la continuidad de la disciplina sobre el gasto, junto con reformas en los marcos tributario y fiscal, reforzaría el proceso de consolidación. A la vez, planteó que esa estrategia permitiría proteger el gasto prioritario en materia social y de infraestructura.
La aprobación de la tercera revisión dejó en evidencia que el incumplimiento de junio no bloqueó el avance del programa y que el FMI se lo perdonó al Gobierno. Ahora el foco de los economistas está en la exigencia pendiente para diciembre. La pauta anual establece un superávit primario de 1,4% del PBI, un nivel superior al objetivo de junio. Las dudas se apoyan en la evolución de los ingresos públicos, el comportamiento de la actividad y las restricciones para profundizar recortes sobre el gasto.
Manuel Cerdan, socio y director de Invecq Consulting, sostuvo que no espera el cumplimiento del objetivo de diciembre. "No creemos que se vaya a cumplir la meta de diciembre, aunque habrá que ver si se modifica tras el desvío de junio", afirmó.
Cerdan ubicó dos factores detrás de su proyección. El primero se relacionó con la recaudación. "Los ingresos vienen débiles, en buena medida por la dinámica de la actividad", explicó. El segundo apuntó a los límites que enfrenta el ajuste fiscal luego del recorte realizado sobre el gasto público.
"El margen para seguir ajustando el gasto es cada vez más acotado, dado que el grueso del ajuste ya se hizo y una parte muy importante del gasto está indexada", indicó el economista. Esa combinación, según su análisis, reduce las herramientas disponibles para compensar una menor entrada de recursos.
Pese a esa estimación, Cerdan no anticipó una dificultad relevante en el vínculo con el Fondo. "De todos modos, no creemos que esto represente un problema significativo en el marco del acuerdo con el FMI", sostuvo. Su planteo dejó abierta la posibilidad de que el organismo considere el contexto del programa y el tamaño del eventual desvío.
La posibilidad de un cambio formal en la pauta de diciembre también apareció en el análisis de Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para el economista, la meta resulta difícil de cumplir; el Gobierno y el FMI podrían optar por modificar el objetivo antes del cierre del año o por habilitar una excepción cuando llegue la revisión correspondiente.
"Pueden pasar dos cosas: que en esta revisión le modifiquen la meta de diciembre o que le hagan un waiver", señaló. El término refiere a una dispensa frente al incumplimiento de una meta acordada dentro de un programa con el Fondo.
El director de CEPA sostuvo que la dificultad crece a medida que se reduce el excedente fiscal. "La meta fiscal se vuelve cada vez más difícil porque el superávit es cada vez menor", afirmó. A partir de ese punto, planteó un interrogante sobre las medidas que podría tomar el Gobierno frente a la combinación de un incumplimiento fiscal y un deterioro de la actividad.
Fausto Spotorno, director del Instituto de Economía Política, Economía y Negocios (Ineco), también proyectó un incumplimiento fiscal acotado. Su análisis se concentró en la caída del nivel de actividad, la recaudación y el incremento de algunas partidas del gasto.
"En el segundo trimestre cayó el PBI y en el tercer trimestre también va a caer, con los datos que tenemos ya lo podemos asegurar", afirmó. Para el economista, ese escenario configuró dos trimestres negativos y recesivos, con consecuencias directas sobre los ingresos tributarios.
"Hubo dos trimestres negativos, recesivos, y eso provoca una caída en la recaudación por un lado", explicó. La menor actividad, según su lectura, redujo el flujo de recursos que ingresa al Estado y complicó el cumplimiento de una meta fiscal exigente para el cierre de 2026.
También señaló el impacto de la inflación sobre el gasto. Según explicó, la aceleración inflacionaria del primer trimestre llevó a ajustes de jubilaciones durante el segundo trimestre. Esa dinámica sumó presión sobre las erogaciones públicas en un contexto donde el margen para recortar partidas se redujo. "A su vez, recortar gastos para el Gobierno es cada vez más difícil; está a nivel de gasto de los 90", indicó. El director de Ineco sostuvo que el gasto público primario ya llegó a un nivel que limita la posibilidad de nuevos ajustes.
Para Spotorno, el Gobierno va a incumplir la meta fiscal aunque por poco, por una o dos décimas por debajo de lo que se había proyectado. La diferencia estimada se ubicaría, según esa evaluación, dentro de un margen estrecho respecto del objetivo de 1,4% del PBI fijado para el año.
